En el Perú, el espacio cívico enfrenta una grave amenaza. La reciente aprobación de la Ley APCI impone sanciones a las organizaciones de la sociedad civil que cuestionan políticas gubernamentales o que defienden legalmente a personas y comunidades en litigios contra el Estado.

Esta norma vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales suscritos por el país, como la libertad de asociación, la libertad de expresión y el acceso a la justicia.

Al restringir el trabajo de las organizaciones, se debilita la capacidad ciudadana para fiscalizar al poder, exigir rendición de cuentas y defender a quienes ven amenazados sus derechos.

Además de las restricciones que impone la modificada Ley APCI, en el Congreso avanzan otras iniciativas que pretenden impedir que el Estado peruano reciba fondos de cooperación técnica internacional. En resumen, pretenden aislar al Perú y dejar a su población desprotegida.

Frente a esta situación, surge Democracia Conectada como un espacio de articulación, resistencia y propuesta, orientado a preservar las libertades democráticas y el rol esencial de la sociedad civil en la vida pública.